Desde Alternativa
Estudiantil Universitaria (AEU) queremos manifestar nuestra posición
respecto a la propuesta efectuada por parte del Decanato de la
Facultad de Veterinaria de la ULE, que plantea la ampliación de la
duración del grado (a 5 años y medio) y la reducción de las
matrículas (130-140 a 105) con el fin de garantizar la calidad de la
enseñanza y superar los controles estipulados por los organismos
internacionales.
Manifestamos de este modo nuestra
conformidad con la intención de garantizar una enseñanza de
calidad, sin embargo entendemos y así exigimos, que las medidas
pertinentes para llevar a cabo este proceso no deben pasar nunca por
la reducción del alumnado ni, claro está por el aumento de las
tasas u otras medidas que carguen las garantías de la calidad de la
enseñanza pública sobre los hombros de las familias trabajadoras.
Del mismo modo, no consideramos acorde a la idea de una enseñanza
pública al servicio de todos los y las estudiantes el hecho de que
las medidas que se toman por parte del rectorado y los decanatos, lo
hagan en medida de la presión de organismos internacionales y
comisiones que de ningún modo se ajustan a la realidad concreta y a
la coyuntura del estudiantado de extracción obrera y popular y que
por lo general actúan como meros ejecutores de la empresa privada
dentro del marco Europeo de Educación Superior, donde vemos que se
encuadran los planes que durante los últimos años han hecho
retroceder la educación pública en beneficio de la privada (Plan
Bolonia y 3+2).
Con todo esto nos
reafirmamos en nuestra exigencia de una enseñanza pública, gratuita
y de calidad al servicio del pueblo trabajador, exigencia que en lo
concerniente a la Facultad de Veterinaria de León se traduce en una
mejora de la calidad de la enseñanza acorde con las exigencias de
dicha carrera, que en los últimos años ha sufrido un más que
notable decremento en lo que a calidad se refiere. Insistimos así
mismo en la idea de que las medidas correspondientes a la hora de
garantizar dicha calidad, no pasen ni por la reducción del alumnado,
del profesorado o de los servicios de la facultad ni por el
encarecimiento del grado al aumentarse su duración.
